Semillas transgénicas ¿moratoria amenazada?



 
Artículo escrito por Fernando Eguren para La Revista Agraria

En las últimas semanas se ha reavivado —en ciertos sectores— una inusitada preocupación por un tema que ya parecía temporalmente resuelto: la importación de semillas y productos transgénicos como, por ejemplo, el maíz amarillo duro. Pero ¿qué ha ocurrido para que este asunto de interés nacional ocupe de nuevo un lugar en la mesa de discusiones?
Tomaremos como punto de partida la promulgación de la Ley 29811, «Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) al territorio nacional por un periodo de diez años», publicada el 9 de diciembre de 2011, que dispone que durante diez años no se pueden importar semillas transgénicas.
Precedida por un intenso debate entre quienes estaban a favor y quienes se manifestaban en contra de la moratoria, la ley se aprobó con el explícito objeto (artículo 2) de «fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente de OVM».
El argumento central de quienes apoyaban la moratoria al ingreso de OVM (semillas transgénicas) era que ese ingreso pondría en riesgo la gran biodiversidad del país y su papel estratégico para la alimentación, así como las ventajas internacionales competitivas, o sea, las variedades de plantas y animales que existen solo en la región andina. Un argumento adicional era que esas semillas transgénicas están en manos de un oligopolio global y que promueve la biopiratería, con el consecuente perjuicio de los campesinos y las poblaciones nativas, que han sido históricamente los «guardianes» de la biodiversidad.
Mientras tanto, quienes argumentaban en contra de la moratoria sostenían que las semillas transgénicas elevarían los rendimientos y reducirían los costos de producción, pues serían menos sensibles a pestes y enfermedades y requerirían menos insumos químicos.
Pero la discusión estaba lejos de limitarse a la esfera biológica y agronómica, pues en mayo de 2011, el diario El Comercio1 informaba que los portavoces a favor de la utilización de las semillas transgénicas —entre ellos, asesores de los ministros de Agricultura y de Economía y hasta el ministro de Agricultura de la época, Rafael Quevedo— tendrían intereses económicos en la comercialización de semillas o en la industria avícola, principal consumidora del maíz amarillo.
El mismo Alan García, presidente en ese entonces, opinó en contra de su ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, quien respaldó los pedidos para que se establezca una moratoria de semillas transgénicas por quince años. Así, García declaró que teníamos que «incorporar toda la tecnología posible para no quedar convertidos en una isla frente a países [que, aprovechando toda la tecnología] producen cinco veces más que nosotros, a veces en los mismos productos»2.
¿Se cumple la ley?
En medio de esta historia hay que tener en cuenta un dato relevante: las importaciones de semillas de maíz amarillo duro han aumentado de manera significativa en el Perú desde los últimos años. (gráfico 1; fuente: Sunat). El supuesto es que se trata de la importación de semillas convencionales, pues las transgénicas están prohibidas. Pero llama a preocupación que nuestros principales proveedores son conocidas empresas productoras de semillas transgénicas: Monsanto y Dow Agrosciences (de Estados Unidos), Limagrain (de Francia) y la suiza Syngenta, que operan desde países con áreas masivas de cultivos transgénicos: Brasil,Argentina, Chile, Colombia, Bolivia y México.
¿A tumbarse la moratoria?
Ha transcurrido más de un año desde la promulgación de la ley que establece la moratoria, y más de tres meses desde su reglamentación, y, sin embargo, los grupos de interés opuestos a esta moratoria continúan ejerciendo presión para desvirtuarla o modificarla y así convertirla en inofensiva.
Primero fue el diario Expreso, que publicó un artículo titulado «Moratoria transgénica solo beneficia a agricultores extranjeros», en el que sostiene que la moratoria perjudica a los agricultores nacionales, pues se les priva de una tecnología que es más productiva y menos vulnerable al cambio climático3.
Un mes después, sorpresiva y coincidentemente, la embajadora de Estados Unidos, Rose M. Likins, envió una carta al ministro de Agricultura, Milton von Hesse, con fecha 18 de diciembre de 2012, en la cual afirma que la moratoria de OVM «tendrá un impacto negativo en los consumidores y productores peruanos ». Sus razones son que los empresarios reducirán sus importaciones de semillas, pues, por desinterés o incapacidad, no pueden acreditar que no vengan mezcladas semillas transgénicas junto con las convencionales, lo que los podría hacer pasibles de ser multados, como estipula el reglamento de la ley (D.S. 009-2012 del Ministerio del Ambiente, Minam), hasta por un máximo de 10 mil UIT (¡37 millones de soles!). De este modo, y según el argumento de la embajadora, los agricultores se verían privados de semillas importadas, con afectación de los rendimientos del maíz amarillo duro, que dejarían de aumentar (aun cuando, desde la década de 1990, no dejan de incrementarse, como se ilustra en el gráfico 2).
Además, la embajadora llama la atención del ministro de Agricultura acerca de la inconsistencia de la moratoria en relación con protocolos y tratados internacionales , pues «medidas como estas […] afectan el comercio y no se ajustan a los estándares internacionales». Finalmente, asegura que «esta medida es inconsistente con el Acuerdo de Promoción Comercial [el TLC] entre Perú y Estados Unidos », nada menos.
Documentos internos del Ministerio de Agricultura — a los que tuvo acceso LRA— reaccionan ante la misiva de la embajadora y consideran que las observaciones al reglamento de la Ley 29811, hechas por ella, son «válidas, objetivas y pertinentes», y critican al Minam por no haber propuesto aún las metas ni los indicadores para evaluar el cumplimiento de la ley de moratoria,
Agregan, además, un comentario inapropiadamente catastrófico: debido a la posible reducción de la importación de semillas se dejarían de cultivar 60 mil hectáreas de maíz, equivalentes a 540 mil toneladas, y se tendría que aumentar la importación de ese cereal hasta en un 75% de la demanda nacional, lo cual pondría en riesgo la seguridad alimentaria del Perú. Pero el gráfico 1 muestra que, al menos hasta 2012, lejos de haberse reducido, las importaciones han aumentado.
Esto nos lleva a dos conclusiones posibles: a) la primera, que ciertos sectores están pidiendo modificar el reglamento de la Ley y que el Minam debe abocarse a desarrollar las capacidades para hacer un control de riesgos de la importación de semillas; esta parece ser la opción planteada al Minag; b) la segunda, que estos sectores están pidiendo liberar la importación de semillas transgénicas; esta parece ser la opción más cercana a lo propuesto por la embajadora Likins y el diario Expreso.
Notas
1 Diario El Comercio (1/5/2011): «Asesores pro transgénicos en el sector Agricultura».
2 Diario El Comercio (5/7/2011): «Alan García quiere para la agricultura la mayor tecnología posible».
3 Diario Expreso (19/11/2012).




 
 

 

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