Varias dimensiones del problema deben ser aclaradas. La primera de ellas es que existe una sobreproducción de papa que, objetivamente, es al mismo tiempo un problema social y de mercado. El Gobierno ha acordado con los productores la compra de hasta 7 mil kilos de papa blanca por cada productor, aunque el problema permanece latente si en la siguiente campaña los productores de este producto vuelven a generar excedentes. La irresponsabilidad del ministro de Agricultura ha llevado a que en el punto Nº 10 del acta firmada con el gremio papero no se incluya un compromiso obligatorio de los campesinos de evitar la sobreproducción, de modo que la mesa de un próximo conflicto dentro de unos meses está servida.

Estas actas pragmáticas tienen más de 20 años de vida y han demostrado la falta de una visión clara desde el Estado y las comunidades para resolver la crisis del agro.

Es obvio que no se puede convertir en práctica común que el Estado compre los excedentes de la producción de alimentos, y en ese punto reside el segundo problema. El tesoro público no debería asumir pérdidas generadas por prácticas permanentes que lesionan la relación en el mercado. No habrá políticas de equidad si el Estado no lo logra la incorporación al mercado con éxito de los campesinos y que mejoren su productividad. A ello se agrega que en una parte importante de las zonas rurales ya operan programas sociales como Juntos y Pensión 65 y se ejecutan proyectos de inclusión.

En tercer lugar, en varias regiones donde se han llevado a cabo la segunda huelga papera se ha advertido la presencia de los comerciantes mayoristas y empresarios de transporte que, con camiones y despliegue de recursos –que hace visible que no experimentan carencias– incentivan reclamos que trascienden las expectativas de los campesinos pobres. Estos mayoristas son los que les pagan a los campesinos bajos precios por los productos en cualquier época, con abundancia o escasez de papa.

Un cuarto problema es la actitud populista de los políticos igualmente pragmáticos y carentes de una visión de conjunto, que se apuran a presentar proyectos de ley y se asocian a dirigencias disruptivas, pero que callan frente a la violación de los derechos de otros ciudadanos, aquellos que han visto atacadas sus propiedades, o los pasajeros que quedaron varados dos o tres días en las carreteras acompañados de sus hijos y sin dinero. En este punto, la falta de liderazgo del ministro del Interior es clamorosa, así como la ausencia de previsión ante una huelga anunciada con tanta anticipación. Una vez más, tenemos ante nosotros un conflicto social en el que una parte de los peruanos pierde a costa de otros, sin que el conflicto mismo se solucione.

Fuente: Diario La República.

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