La ley 27630, impulsó las agroexportaciones no tradicionales que han tomado un auge exponencial, pero los beneficiarios no son precisamente los agricultores peruanos sino, los inversionistas ajenos a la problemática del agro nacional y campesinado, siendo estos, los que mayor ayuda necesitan para salir de la pobreza. Las empresas urbanas agro exportadoras acaparan toda la cadena productiva desde la siembra, acopio, procesamiento agroindustrial, hasta el mercado extranjero, porque la mano de obra es barata y se aseguran el control de la misma, bajando costos, mejorando calidad con tecnología avanzada y elevando rentabilidad.

Las agroexportadoras de capital extranjero por su mayor poder económico quitan espacio a los capitales nacionales, que pasan a ser subsidiarias. Los grandotes tiene toda la maquinaria de la cadena de abastecimiento, empaque, almacenes refrigerados, instalaciones agroindustriales, transporte, marca, etc. Pero hay otro efecto, que pasa desapercibido. La groexportación incontrolada genera inflación porque el mercado interno queda desabastecido y así, el kilo de palta que la población peruana compraba a dos soles, ahora tiene que comprarla a 12 o más soles. Igual sucede con otras frutas y hortalizas. Otro asunto a corregir estableciendo los límites no dañinos a la economía popular.

Por lógica, si las agroexportaciones son exitosas, entonces ¿Por qué no masificar las exportaciones en beneficio de los agricultores peruanos organizados empresarialmente? Todos los productos agrícolas andinos y selváticos son exportables y tienen ventajas comparativas favorables por las bondades de nuestros ecosistemas. Este debería ser el objetivo de la legislación supletoria a la 27630.

No solamente privilegiar a la agricultura costeña sino también incorporar a la serranía y la selva, ayudando a compensar los costos de lejanía. Es más, solo se repara en las exportaciones no tradicionales quedando en el olvido las exportaciones tradicionales como, algodón al que hemos puesto la soga al cuello prohibiendo competir con el algodón proveniente de China y la India que cultivan transgénicos con menores costos y mayor rendimiento. Nosotros mismos le quitamos mercado a los algodoneros.

Pero también, tenemos la exportación tradicional de lana de ovino y fibras de camélidos que languidecen por falta de apoyo. Lo producen los campesinos más pobres del Perú y, sin embargo, siendo de la serranía, son discriminados por la política estatal, que los margina de los beneficios que se dan a los exportadores de frutas y hortalizas costeñas. ¿Por qué no acabar con esta segregación, en la nueva legislación?

Otro tanto sucede con las exportaciones tradicionales de la selva, como el caso del café. Este es el cultivo de mayor extensión en el Perú a cargo de un cuarto de millón de pequeños parceleros a lo largo de toda la selva alta, desde la frontera norte con Ecuador y Colombia, hasta la frontera sur con Bolivia, en su mayor parte migrantes de la serranía, organizados en empresas cooperativas de servicios.

Los caficultores quechuas y aimaras, son campeones mundiales en café especial de alta calidad por años, sin recibir ningún incentivo ni reconocimiento del Parlamento, como sí se hace con deportistas y artistas. Este año los caficultores de Sandia y Carabaya (Puno) han sido galardonados con medalla de oro, como el mejor café del mundo, en el VI Concurso Internacional de Cafés Tostados al Origen (AVPA), desarrollado en Francia, en el que participaron alrededor de 200 marcas de café de 25 países de todos los continentes.

Los campesinos galardonados, Prudencio Ochochoque Mamani y Genaro Cahuana Quispe estaban en sus chacras, monte adentro, ignorando que habían sido premiados con la presea de oro. No les ayudaron ni con el pasaje. Ese es el trato de la república bicentenaria, a los peruanos ancestrales. ¡Qué diferencia con el trato que reciben los Klimper, Romero, Rodríguez Banda, beneficiados con la ley 27630! La nueva legislación de promoción agroexportadora debería corregir esta segregación.

Por las razones expuestas, en el mercado internacional, en cada línea de exportación, compiten los países por posesionarse de cada mercado y captar divisas. Entonces, los países ayudan a los exportadores a ser más competitivos dejando fuera a sus competidores. De este modo desplazamos a los países que producen lo mismo que nosotros (mango, espárragos, quinua, paltas, etc.).

En muchos productos competimos con países vecinos, pero también con México que está más cerca a EE UU ahorrando flete y bajando costos. También, competimos con países de otros continentes según temporada de cosechas. Es una guerra sorda por la disputa de mercados. Los países que no ayudan a sus exportadores pierden mercado y divisas.

Lógicamente, los inversionistas especuladores del comercio internacional buscan ir a aquellos países que otorgan mayores beneficios a la exportación, impidiendo el surgimiento de exportadores nacionales. Tenemos la ventaja de que, en nuestro país, se produce todo el año y en diversos pisos ecológicos, mientras que en el hemisferio norte por la nieve de invierno solo disponen de medio año.

Pero estas ventajas suplen en muchos casos las exoneraciones tributarias para extranjeros y deberían ser de provecho nacional. Sin embargo, son las poderosas empresas extranjeras las que sacan provecho. Para el neoliberalismo, los minusválidos tienen que correr en igualdad de condiciones con los atletas poderosos para ser competitivos. De este modo se propicia la desigualdad en favor de los más poderosos. Este aspecto debería analizarse antes de legislar.

Habiéndose anulado la ley 27630 que otorgaba privilegios en desmedro de los derechos laborales de los trabajadores de las empresas agroexportadoras y en perjuicio del erario nacional, se precisa determinar:

1°- La incorporación del régimen laboral en las agroexportadoras al régimen laboral común asegurando el mejoramiento de derechos laborales.

2°- El régimen tributario en función a su capacidad económica. Hay grandes empresas transnacionales que no necesitan exoneración y hay pequeñas empresas que sí, lo merecen. Podría aplicarse una tasa selectiva en razón inversa a sus capacidades económicas.

También es necesario precisar lo que está oculto. Es muy diferente las exportaciones hechas por capitales nacionales porque el retorno, más utilidades, fortalecen nuestra economía. En cambio, las inversiones extranjeras se llevan su capital y las utilidades fuera del país. Algunas, ni siquiera traen capital, sino invierten adquiriendo crédito de la banca nacional, que es dinero de ahorristas peruanos. Entonces, si lo que se llevan y lo que nos dejan es equitativo habrá beneficio compartido. Si es oneroso para el país, se tendrá que corregir.
Otro asunto a considerar es el rol subsidiario de las empresas proveedoras y de agricultores proveedores en las relaciones de equidad con las empresas agroexportadoras que les compran productos exportables, pues aquellos, no tienen otra opción, por carecer de los medios para exportar directamente. Muchos productores de palta abastecen a los exportadores de palta, como también lo hacen muchos otros en diversos rubros de exportación. Podría establecerse que un 10% de la producción exportada corresponda a agricultores nacionales proveedores, con los mismos beneficios promocionales.
Atte.
Milciades Ruiz


El martes, 8 de diciembre de 2020 22:12:16 GMT-5, COMUNIDAD <comunidad@agro.pe> escribió:



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COLUMNA DE:
Angel Manero

Angel Manero

 Email: amanero@agro.pe
 08 DICIEMBRE 2020 |  09:41 PM POR: ANGEL MANERO

NUEVA LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA

NUEVA LEY DE PROMOCIÓN AGRARIA

El Perú nunca deja de sorprendernos y todo periodo de crisis nos deja un aprendizaje enorme. Desde hace muchos años, hemos visto a algunos exportadores destacar los altos ratios de crecimiento de ventas e inversiones de las agroexportadoras, de la conquista de tal o cual mercado; y mientras tanto, otro lado del país pensaba "y si te va tan bien por qué no mejoras las condiciones de los trabajadores".

Quienes hemos estado cerca del agro los últimos 30 años, hemos visto la mejora de las condiciones de los trabajadores; antes tenían que caminar varios kilómetros para llegar al punto de "reclutamiento" de personal, algunas veces encontraban un jalador que les daba chamba para el día y otras veces regresaban a casa sin conseguir el sustento diario; cada mañana que caminaba al colegio por la calle La Mar en Imperial, Cañete me cruzaba con las caras tristes de aquellos que no habían sido reclutados. Después, cerca del año 2000, instaladas algunas empresas agroexportadoras, se les recogía en camiones; ahora se les recoge en buses cerca de sus casas. Los ambientes de comida, ni que decir, hemos pasado de que cada trabajador llevaba su fiambre, a los comedores completamente equipados que ahora podemos ver; se ha pasado de pagar solo el jornal diario en función del sueldo mínimo y nada más, a pagar un jornal diario con todos los beneficios incluidos (02 gratificaciones y CTS) un mes de vacaciones y además bonificaciones por productividad.

Existe un buen grupo de empresas que trabaja bien y se preocupa por la gente y existe otro grupo que no lo hace. Es cuestionable que se critique a los "services" porque a fin de cuentas es la empresa agraria quien los contrata. Es mejor decir "habemos empresas que operamos dentro de la formalidad y con respeto por el recurso humano y otras que no; ayúdennos (SUNAFIL) a cerrar esas empresas que representan una competencia desleal para nosotros".

Siempre he criticado lo parcial de la agenda del agro, y eso lo pueden encontrar en mis artículos anteriores, algunos gremios vinculados a la exportación criticaban, a veces, cuando se pedía algún tipo de beneficio para la pequeña agricultura, no faltaban palabras como asistencialismo o subsidio; cuando el sector agroexportador gozaba cómoda y legalmente de tres beneficios claros: menos renta, menos ESSALUD y drawback.

Con lo anterior, tampoco quiero decir que estuvo bien derogar la Ley de Promoción Agraria; pudo estar bien si no se hubiera extendido hasta el 2031; pero una vez extendida, el Estado tiene la obligación de respetar el horizonte del marco normativo; hay decisiones de inversión como compra/venta de empresas o predios que ya se han hecho en base a este horizonte del 2031. Nos encontramos en un escenario de crisis económica mundial por el COVID y una tendencia preocupante de precios a la baja de nuestros principales productos de agroexportación y con amenaza de países competidores por todos lados; es decir, estamos en el peor momento para haber derogado la Ley 27360.

Además, hay algo que no se advierte en los argumentos, la actividad agroexportadora es una actividad de alto riesgo; eso no me lo tienen que contar, yo mismo he ganado y perdido mucho dinero en la agroexportación. Para que una actividad de alto riesgo funcione, las proyecciones del negocio deben mostrar alta rentabilidad; nadie invierte en un negocio con alto riesgo y baja o moderada rentabilidad; allí es donde ayudó la Ley 27360 y también el drawback: a mejorar los flujos que sustentan las inversiones. El sector agro es un sector diferenciado en cualquier parte del mundo; tal es así, que es el único sector definido como prioritario en la Constitución Política del Perú en su artículo 88.

Como están las cosas, tenemos dos semanas para elaborar la propuesta de nueva Ley de Promoción Agraria y allí es donde quiero aportar; miremos hacia adelante, aquí mi propuesta:

Antes de promulgar la nueva ley, se debe elevar el sueldo mínimo para todos los trabajadores del país de 930 a 1,080 soles mensuales. Ello permitirá elevar el jornal diario base de 31 a 36 soles en el régimen general o de 39.19 a 45 soles en el ex régimen laboral agrario.

La nueva ley debe considerar

  1. Permitir, a decisión individual del trabajador, cobrar sus gratificaciones en julio/diciembre y su CTS en mayo/noviembre o incluirlas en el jornal diario como adelanto de beneficios futuros (en realidad esto ya se podría hacer sin necesidad de ley, pero es mejor precisarlo para evitar mal entendidos). Además, hay que enfatizar que es posible la utilización de contratos temporales hasta por 6 meses de plazo.
  2. Que sea obligatorio para SUNAFIL auditar, cada trimestre, a las empresas del sector en lo referente a cumplimiento de los beneficios y condiciones laborales, y accesorias como transporte y alimentación de personal donde corresponda.
  3. Que la nueva ley de promoción agraria no tenga caducidad, que sea un régimen permanente y diferenciado según lo estipula el articulo 88 de nuestra Constitución Política.
  4. Con la derogada Ley de Promoción Agraria, las empresas pagaban 15% de impuesto a la renta y los trabajadores reciben el 5% de la utilidad de la empresa. Mi propuesta es mantener el 15% para las empresas y aumentar el reparto de utilidades a favor de los trabajadores: que los trabajadores reciban 10% de las utilidades del 2021 al 2025; 15% del 2026 al 2030 y 19.5% del 2031 en adelante. De este modo, el accionista de la empresa reducirá sus utilidades en 14.5% las que irán a los bolsillos de los trabajadores; y con ello, compartirán plenamente los resultados de la compañía.
  5. Además, incluir un mecanismo que ayude a disminuir la intermediación comercial y favorezca la articulación de pequeños productores con empresas ancla, como la devolución total del impuesto selectivo a los combustibles para las empresas que acopian la materia prima desde el campo. Ello permitirá que la industria se integre más con la oferta de pequeños productores; y también, los comerciantes de los mercados mayoristas regional o nacional eliminarán intermediación.
  6. También, que los recursos destinados al FAE Agrario (S/ 2.000 millones) para el financiamiento de la pequeña agricultura sean permanentes; es decir, que puedan utilizarse de manera revolvente para aquellos productores que cumplan con honrar el crédito; haciendo algunas modificaciones operativas como bajar la cobertura de la garantía al 50% a partir del segundo año y encargar su administración al Banco Agropecuario.

Debemos concentrar la nueva Ley de Promoción Agraria en devolverle la estabilidad tributaria a los agroexportadores que se han visto afectados; al mismo tiempo, mejorar las condiciones para los trabajadores e incluir a la pequeña agricultura en los beneficios.

 



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