El 16 de marzo empezó el estado de emergencia, y días después, el confinamiento social obligatorio en nuestro país. Para un ciudadano común esta situación le generaba muchas dudas: ¿puedo usar el auto, la bicicleta? ¿escasearán los alimentos? ¿puedo pasear al perro? ¿qué pasa si tengo mi consulta médica? ¿me pagarán mi sueldo? etc.

Pero definitivamente, más dudas tendrían alcaldes y gobernadores regionales acerca de qué estaba permitido realizar en emergencia y qué es lo que debían hacer. Más aún si los dispositivos legales salían dispersos: cinco Decretos de Urgencia 025, 026, 029, 032, 033 - 2020 más la RM 096-2020-MINSA.

Ante una maraña legal de dispositivos, funcionarios que no podían concurrir al centro de labores, y más dudas que certezas, la parálisis y ausencia de iniciativa ha reinado en la gestión de muchas autoridades. Un caso emblemático es la carencia de oxigeno medicinal en los hospitales y las tardías iniciativas de construcción de pequeñas plantas de producción y envasado de oxigeno que no se sabe cuándo podrán estar culminadas y certificadas.

Los focos de contaminación como los mercados de abastos también han sido un elemento de desconcierto, por un lado el Ministerio de Agricultura pretendía tomar la iniciativa, por otro se quedó inmóvil el ente rector (Ministerio de la Producción) y los responsables de la gestión, que son los Municipios, no estuvieron en capacidad de implementar medidas que puedan aminorar los contagios.

Muy probablemente, el próximo mes, ya se podrá reiniciar las obras de infraestructura paralizadas y empezar las nuevas de la cartera de proyectos de municipios y gobiernos regionales, para enmarcar este proceso se dio el Decreto Legislativo 1486, el Decreto Supremo 044-2020-PCM y la Directiva 005-2020-OSCE/CD...

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