No hay El Niño pero Piura está muy caliente. El lunes pasado desfogaron su malhumor en marchas de protesta. No perciben grandes obras de la Reconstrucción con Cambios (RC) y se sienten casi igual de vulnerables que el verano pasado, cuando les llegó el agua al cuello.

El detonante de la ira fue un reportaje de “Panorama”, dos domingos atrás, que mostró falencias en la obra más cara de la RC: la descolmatación del río Piura por S/346 millones. Lo que más arrebata al piurano es que cueste bastante más que los S/200 millones que costó en el 2015 descolmatar tramos de dos ríos, el Piura y el Chira; y que no sirvió porque igual se inundaron.

Con ese trauma, es difícil convencer a Piura de la necesidad de volver a hacerlo. Tienen una mesa técnica, formada por profesionales de las universidades piuranas y de su Colegio de Ingenieros, que esgrime proyectos de canalización de un tramo del río para dar la fluida salida al mar de la que hoy carece. Gerardo Cabrejo, de la ONG piurana Vigilia Ciudadana, cuenta algunos de los reclamos: remover al ministro de Agricultura,José Manuel Hernández, pues su cartera ejecuta la obra a través del ente Agro Rural; y que la opinión de la mesa técnica sea vinculante.

La salida de Hernández podría estar próxima, pero no resolverá el estrés norteño. Lo de la opinión vinculante es inadmisible en un proyecto en marcha. Hablé con Edgar Quispe, jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), y me dijo que los colegios están invitados de veedores y suele conversar con ellos. Pero en Piura han marcado una crítica distancia con la RC, y dudan públicamente de que los costos y la tierra removida sean los justos. Hernando Cevallos, congresista piurano del Frente Amplio que promueve una moción multipartidaria para interpelar a Hernández, me contó de su extrañeza, compartida por personal de la sede local de la contraloría, al ver la tierra removida y depositada muy cerca del cauce (no le consta si luego era llevada a botaderos) y a supervisores distraídos de su trabajo. El gobernador Reynaldo Hilbck prefiere la neutralidad. Ni pelear con el gobierno ni dar la espalda a su gente.

La ARC y el alto mando de Agro Rural con el que me reuní (el jefe Alberto Joo y el encargado de la RC en Agricultura, Carlos Azurín, entre otros) consideran que cualquier obra de prevención debe empezar por descolmatar. Lo dijeron hasta los expertos holandeses –maestros en el manejo de las aguas– invitados a ver el panorama tras el desastre del verano pasado. ¿Por qué entonces la obra del 2015 no impidió el desborde? Según Agro Rural, porque fue un trabajo superficial que removió un volumen menor. De ahí, insisten, se explica la diferencia de costo, a lo que se suma que esa vez fueron alrededor de 70 km de río y ahora son 147 km.

Agro Rural, el ministro Hernández y la ARC no tienen que defenderse de comparaciones con el pasado, sino de las denuncias de hoy. Hablé con un funcionario de alto nivel de la contraloría que me contó que tiene un grupo in situ analizando las obras con teodolitos y GPS que permitirán calcular con exactitud si se removió lo estipulado. Agro Rural asegura que cumplirán con volúmenes y plazos que se cierran en estos días. La contraloría también promete tener dentro de pocos días el informe del que pende la imagen de la RC.

—Subir el puente o bajar el río—
Los problemas empiezan en el lenguaje. Resulta que la obra no es una obra, sino ‘actividad’ o ‘servicio’. Así, requiere un proceso más simple. Revisé la Ley de Contrataciones del Estado, la ley de RC y una opinión del 2015 de la OSCE al respecto, y hay una zona gris en la que se ubica la descolmatación. En la contraloría, me dijeron que les parece razonable la opción de Agro Rural. No se puede culpar por usar el modo expedito, si el tiempo apremia y la ley permite.

Las otras denuncias son más difíciles de responder. Las fichas técnicas del proyecto no especifican que se deba remover todo el material encontrado en el cauce. Y “Panorama” demostró que algunos de los contratistas (son varios, pues hay siete tramos de río con distintos contratos) solo removían tierra. Además, Joo lo admitió en el reportaje. Se lo vuelvo a preguntar e intenta cambiar de actitud: ahora cree que puede conminar a los contratistas a remover todo de buena fe. Edgar Quispe, el jefe de la ARCC, fue muy claro cuando le toqué ese punto: es obvio que la remoción debe ser una limpieza total del cauce.

Joo y su equipo dicen que la premura por ejecutar antes del verano y el hecho de haber contado con los recursos por partes explican las fichas incompletas, los tramos fraccionados y una falencia adicional: se convocó a un concurso para elegir a una empresa de supervisión, y quedó desierto. En lugar de convocar otro, contrataron a un pelotón de supervisores freelance. El informe de contraloría concurrente –primera temporada de esa forma de control– ayudará a saber qué tanto estamos ante una gestión luchando contra el tiempo y las trabas, qué tan ineficiente o negligente es, qué tantas rendijas ha dejado abiertas a la corrupción. Mi fuente dijo que son más de 20 inspectores enviados de Lima y que cuentan con las herramientas más sofisticadas para calcular lo removido.

—No va a funcionar, ah—
Un testigo privilegiado del proceso de la RC me contó por qué renunció su primer jefe, Pablo de la Flor: tras percibir que los gobiernos locales no avanzaban y que ejecutores del Gobierno Central, como Agricultura, estaban plagados de vicios, planteó crear una unidad ejecutora para grandes proyectos. Mercedes Aráoz, quien no tenía buena relación con él, demoró en contestarle. PPK lo escuchó con interés, pero no le hizo caso. De la Flor decidió irse y la posta la tomó Quispe. Por cierto, le pregunté si estaría de acuerdo con una nueva unidad ejecutora, pero Quispe dio a entender que prefería reforzar los ejecutores actuales.

El testigo de la RC me pintó un sombrío panorama de gobiernos que ejecutan tarde y mal. Pues a ellos se les multiplicarán las transferencias y en un año, con reelección prohibida, tendrán nuevas autoridades que ejecutarán un paquete que, solo en Piura, supera los S/7.000 millones.

Pero el mayor ejecutor es el Gobierno Central, y en esta fase de prevención, el Ministerio de Agricultura (Minagri). José Manuel Hernández conoce a PPK. Lo apoyó desde la campaña del 2011. En el 2016 se encargó del capítulo agrario de su plan de gobierno y fue el elegido natural para Agricultura. Por ello, tuvo que renunciar a la gerencia de Asesores Técnicos Asociados (ATA), empresa de consultoría y supervisión de proyectos, limitando la posibilidad de que esta contrate con el gobierno. Sin embargo, algunos de sus socios y colaboradores de ATA están hoy en el Minagri. Su paso por ATA le ganó algunas citaciones para comparecer en procesos judiciales, lo que fue expuesto en “Cuarto poder” en el 2016. En mayo de este año, “Hildebrandt en sus trece” consignó testimonios de ex funcionarios del Minagri que delataban compras direccionadas y presuntas corruptelas en su cartera. Una fuente me dijo que, ante estas alertas, el ex primer ministro Zavala intentó, sin éxito, removerlo.

Hernández es piurano como su hermano Óscar, designado prefecto de Piura por este gobierno. Y como su hermana Elizabeth, trabajadora del Senasa (órgano del Minagri), en Piura, promovida en generosa entrevista en “El Peruano” del 24/5/2017. Más conocida, por supuesto, es Claudia, la hija del ministro, ex reina de belleza y activista en la campaña de PPK.

El ministro ha navegado en este desborde de intereses y figuraciones desde su primer día. El fujimorismo no quiere involucrarse en más interpelaciones que lo pinten obstruccionista y podría zafarse de la moción de interpelación, a pesar de que la firma su ‘bankadita’ piurana. Pero si la contraloría detecta visos de corrupción en la obra más cara de la RC, allí sí se armará la batahola. Han corrido rumores con nombres de sucesores, pero una fuente de la PCM me dice que, por ahora, no piensan en cambios. El nuevo contralor, Nelson Shack, juega su primer gran partido.