[GA] Más tierras, menos esperanzas (Artículo - LRA Nº 151)

| 10:51 | Publicado por Cris


Más tierras, menos esperanzas




 
Artículo escrito por Jaime Escobedo, para La Revista Agraria

El ministro de Agricultura, Milton von Hesse, ha anunciado que en los próximos dos o tres años se ampliará significativamente la frontera agrícola del país gracias a la ejecución de megaproyectos de irrigación en la costa. De acuerdo con el ministro, la cifra bordea las 120 mil hectáreas1, pero esa cantidad podría incrementarse hasta 181 mil si se ejecuta la actual cartera de proyectos (ver cuadro 1). En cualquier caso, se trataría de decenas de miles de hectáreas de la nación, cuya gestión y destino nos preocupan seriamente a raíz de los antecedentes de Chavimochic y Olmos.

Chavimochic y Olmos: grandes razones para preocuparse

En las últimas dos décadas solo se han ejecutado dos megaproyectos de riego en la costa del Perú: Chavimochic y Olmos. Ambos fueron diseñados y conducidos por el Estado, bajo el modelo de claro corte neoliberal de la Constitución Política de 1993 y de la Ley de Tierras de 1995. 

En el caso de Chavimochic, entre 1994 y 2008 se vendieron el 95% de las 46 mil hectáreas que incorporó a la producción. Como señalamos en LRA 138, solo cinco empresas llegan a dominar más del 60% (28,000 hectáreas) de estas nuevas tierras.

Olmos, emprendido por el gobierno tras nueve décadas de demandas de campesinos y pequeños agricultores locales, subastó hace poco 38 mil hectáreas. En menos de un año (2012), y tras una serie de cambios discutibles en las bases de la subasta, más del 80% (31,130 hectáreas) de las tierras del proyecto quedaron en poder de tres empresas (LRA 139)2.          Entonces, es lógico que algunos gremios empresariales destaquen ambos proyectos como paradigmas de lo que para ellos significa una «política pública exitosa».

Solo los grandes participan e invierten

Parece que, a ojos del gobierno de Ollanta Humala, solo las grandes empresas o grupos económicos como Camposol o Gloria participan en el mercado agropecuario. Solo ellos invierten y, por ende, «merecen» acaparar las tierras que se incorporan a la producción con fondos públicos.

El gobierno sigue sin tomar en cuenta a los pequeños y medianos productores, menos aún a las cooperativas, como si ellos no participaran activamente en el crecimiento real promedio de 4% que registra el sector agropecuario en los últimos diez años.
Lo cierto es que en el país operan 214 empresas agropecuarias, de las cuales un 60% poseen en promedio 65 hectáreas: hablamos de 129 pequeñas y medianas empresas que en conjunto dominan 8,300 hectáreas, es decir, un 10% de lo que en la actualidad tiene el Grupo Gloria3.

En el caso de las cooperativas, solo para mencionar a las cafetaleras —responsables de casi el 30% del valor de las exportaciones agrarias totales—, están integradas en su inmensa mayoría por pequeños agricultores. El 62.5% del total son productores con posesiones menores a 10 hectáreas, el 30% cuenta con posesiones entre 10 y 30 hectáreas y el 7.5% tienen posesiones superiores a las 30 hectáreas4.

Pese a esta mayoritaria y activa participación de pequeños y medianos productores en el sector agropecuario, ellos no son incluidos en los procesos de adjudicación o subasta de las tierras de los megaproyectos de irrigación. Ese hecho configura un comportamiento discriminatorio y, más aún, atenta contra un principio que los ideólogos del neoliberalismo solían defender: la igualdad y el libre acceso al mercado de los actores económicos.

El juego de las barreras de acceso al mercado 
 
Los antecedentes de la política de adjudicación de tierras de los proyectos de irrigación indican que solo pueden participar neolatifundistas. Olmos —que a todas luces es el paradigma de esta política— ofertó 30 lotes de mil hectáreas, 10 de 500, una de 300, una de 270, 8 de 250 y una de 230. Obviamente, ningún pequeño o mediano productor pudo participar en la subasta de tierras.

¿Cuál es la razón para adjudicar lotes de cientos o miles de hectáreas?

El Cepes tuvo la oportunidad de acompañar el proceso de concesión y adjudicación de las tierras del proyecto Olmos, y en ningún momento las autoridades presentaron un estudio técnico que respaldara la decisión de establecer lotes de extraordinarias dimensiones.
Fue tal la arbitrariedad, que basta recordar que los ocho lotes de 250 hectáreas y el único de 230 hectáreas no formaban, en un principio, parte de la subasta original de Olmos, sino que fueron incorporados a raíz de una serie de reclamos de autoridades, gremios y actores nacionales y locales.

Si agregamos a ello que todos los postores de Olmos podían adquirir más de un lote del proyecto, lo lógico es concluir que al gobierno (central y regional) le resultaba indiferente entregar 250 hectáreas o 15 mil, que son finalmente las que adquirió el Grupo Gloria.

Todo esto, sumado, en términos jurídicos constituye una barrera de acceso al mercado5. En este caso, los afectados fueron los pequeños y medianos empresarios agrarios, que en su inmensa mayoría gestionan fundos productivos de unas cuantas hectáreas o, a lo mucho, de decenas de ellas. Pudo intervenir el Indecopi, para sancionar al Estado, al amparo del Decreto Legislativo 1033, pero ello finalmente no ocurrió6.
        
En prospectiva

Como mencionamos al inicio de este artículo, nos preocupa la gestión y el destino de las decenas de miles de hectáreas que se incorporarán a la producción en los próximos años debido a la ejecución de megaproyectos de irrigación en la costa.

Los dos antecedentes que tenemos, tanto Chavimochic como Olmos, fueron gestionados con una abierta vulneración de los derechos y expectativas de pequeños y medianos empresarios agrarios. Nadie sancionó a las autoridades nacionales y regionales por este hecho.

Por otra parte, el gobierno de Humala no da señales de querer reconducir su política de adjudicación de tierras a fin de permitir la incorporación del sector mayoritario de pequeños y medianos productores que hoy participan e invierten de manera activa en el sector agropecuario7. Parece que, en nuestro país, el principal interesado en que continúen concentrándose las tierras es el propio gobierno.

Notas
1 Agencia Andina, 28 de abril del 2013.
2 «¿Es Olmos u Odebrecht?». Diario La Primera, 6 de junio del 2012.
3 Minag/Direcciones regionales agrarias. Registro de Empresas Agropecuarias.
4 Información del Minag.
5 Concepto que abarca a todos los actos del Estado que tienen por efecto impedir u obstaculizar el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado.
6 El Decreto Legislativo 1033, que aprueba la Ley de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), establece en el artículo 2 que corresponde a esta institución vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan a los ciudadanos y empresas.
7 Hace casi un año, el gobierno de Ollanta Humala ofreció presentar un proyecto de ley de límites máximos a la propiedad rural, cuyo nivel de avance se desconoce.


 
 

 

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