Marketing e Negocios

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BIOCOMPARTIENDO

# 2 del 2026 / Perú, miércoles 27 de mayo

¡Por una vida sana y feliz; libre de transgénicos cancerígenos!

Editor Fernando Alvarado de la Fuente / bioferdi@hotmail.com

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INDICE

 

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Compras públicas: Dos países, una misma herramienta, resultados distintos.

Por: Lic. Cecilia Mendiola V.

 

En el Perú, la apuesta por las compras públicas a la agricultura familiar es, sin duda, una de las políticas más prometedoras para cerrar brechas rurales. La Ley N.° 31071, que establece una cuota mínima del 30% de compras estatales de alimentos a pequeños productores, va en la dirección correcta: usar el poder de compra del Estado para dinamizar economías locales.  Sin embargo, a pesar de casi cuatro años de promulgada la norma, un estudio realizado por FOVIDA, muestra que su alcance es muy limitado (compras esporádicas, montos muy limitados) debido a las interminables barreras institucionales tanto a nivel de la producción y venta como de la adquisición, en manos de las instituciones y programas sociales.

 

Además, las compras se hacen bajo la Ley de Contrataciones del Estado, que no prioriza a la agricultura familiar ni reconoce sus particularidades y, sus procedimientos, están diseñados para grandes volúmenes y grandes montos.

 

Por otro lado, la complejidad para cumplir las exigencias de los organismos competentes de la sanidad agraria (SENASA) son barreras que el pequeño agricultor familiar no puede sortear.

 

El Estado (MIDAGRI) debería brindar asistencia técnica a la pequeña agricultura para poder competir en el mercado de las compras estatales de alimentos. En este aspecto, la labor de los gobiernos locales es primordial ya que apoyando a los pequeños agricultores con asesoramiento técnico para conformar los COMPREAGRO impulsarían su acceso a los mercados. Pero la realidad muestra que la mayoría de los municipios no han creado ni tienen el personal idóneo para el apoyo técnico para conformar los COMPRAGRO.

 

Por eso la discusión ya no debe centrarse únicamente en la norma, sino en su capacidad de generar resultados. Y para ello, mirar experiencias en otros países no solo es útil, sino necesario y nos referimos al caso de Brasil, que desde el año 2000 implementa políticas de compras públicas a la agricultura familiar a través de dos programas emblemáticos:

 

* el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA)

* el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)

 

El PNAE, por ejemplo, establece que al menos el 30% de los alimentos para alimentación escolar deben provenir de la agricultura familiar (FNDE, 2009). Una disposición similar a la peruana. Sin embargo, cuando se analizan los resultados, vemos que son absolutamente distintos.

 

Según la FAO, el PNAE alcanza a más de 40 millones de estudiantes y articula de manera sostenida a miles de organizaciones de productores (FAO, 2019). El PAA, por su parte, ha beneficiado a más de 300 mil agricultores familiares en distintos momentos de su implementación (IPC-IG, 2013).

 

La diferencia entre el modelo brasileño y peruano no está en el porcentaje. Está en el sistema que lo sostiene.

 

El problema no es la compra, es el modelo

 

En el Perú, las compras a la agricultura familiar suelen operar como un proceso administrativo: una entidad necesita alimentos, convoca, compra y paga. En Brasil, en cambio, las compras públicas forman parte de una política agraria más amplia y con otro enfoque. El Estado no solo compra sino que también: financia, planifica, acompaña la producción y fortalece las organizaciones. Es decir, convierte la demanda pública en una herramienta de desarrollo.

 

Cuatro diferencias que explican la brecha

 

    Pagos y financiamiento: la base de la confianza

 

El principal problema de las compras públicas para la agricultura familiar en Perú es la complejidad burocrática y los altos requisitos técnicos (certificaciones sanitarias, formalización, volumen de producción) que excluyen a los pequeños agricultores, a pesar de la existencia de leyes de prioridad. Esto se agrava por la falta de asistencia técnica para negociar con el Estado.

 

Puntos clave del problema:

 

    Barreras de Entrada: Exigencias de gran volumen, certificaciones de inocuidad (SENASA) y trámites digitales complejos que los pequeños agricultores no logran cumplir.

    Priorización de la Ley de Contrataciones: Se suele priorizar el precio bajo y la burocracia tradicional sobre la compra local directa, dificultando la inclusión de la agricultura familiar.

    Falta de asistencia técnica: Existe escaso soporte para que los productores se formalicen y cumplan con los estándares exigidos por programas estatales.

    Logística y descentralización: La falta de capacidad para organizar la producción familiar dispersa impide cumplir con los tiempos y cantidades de abastecimiento requeridos.

 

A pesar de las normas que buscan fomentar estas compras (como la Ley 31071), la implementación efectiva sigue siendo limitada, favoreciendo indirectamente a grandes empresas en lugar de pequeños agricultores locales.

 

En Brasil, los programas contemplan pagos ágiles e incluso mecanismos de anticipación, lo que reduce el riesgo para el agricultor (FAO, 2019). Sin liquidez, no hay participación sostenible.

 

Veamos cómo funcionan:

 

- PNAE (Programa Nacional de Alimentación Escolar):

- Obligatoriedad: La ley exige que al menos el 30% (aumentando gradualmente a 45% según normativas de 2025) de los recursos federales destinados a la alimentación escolar se utilicen para comprar productos de la agricultura familiar.

- Alcance: Llega a más de 150.000 escuelas públicas y sirve a unos 40 millones de estudiantes.

- PAA (Programa de Adquisición de Alimentos):

- Funcionamiento: Compra alimentos directamente a los agricultores familiares (sin licitación) y los destina a personas en situación de inseguridad alimentaria, restaurantes populares, prisiones y hospitales.

- Modalidad de Compra Simultánea: Prioriza la compra a grupos vulnerables y la donación simultánea de los alimentos.

- Compra Institucional (PAA-CI):

- Permite a órganos federales, estatales y municipales comprar alimentos directamente a agricultores familiares, con un límite de hasta R$ 20.000 (equivalente a 14,000 soles peruanos) anuales por agricultor familiar a cada institución.

 

Y cómo participar los pequeños productores en este sistema:

 

    Registro obligatorio: Los agricultores deben estar inscriptos en el Registro de Agricultura Familiar (anteriormente DAP, ahora enfocado en el CAF – Cadastro Nacional da Agricultura Familiar).

    Convocatorias Públicas: Las instituciones públicas (escuelas, hospitales) publican «chamadas públicas» (llamados públicos) para comprar productos. Los agricultores o sus cooperativas presentan sus proyectos de venta.

    Precios de mercado: Los precios deben ser compatibles con los precios locales, garantizando una remuneración justa.

    Priorización de género y diversidad: El nuevo PAA prioriza a mujeres agricultoras (asegurando al menos 50% de participantes), comunidades indígenas y tradicionales.

 

Los beneficios del modelo son claros: los agricultores aumentan sus ingresos hasta en un 106% según estudios realizados. Mejora la seguridad alimentaria ya que proporciona alimentos frescos y locales a las escuelas y comunidades vulnerables y, se reduce la intermediación. Al comprar directamente, el productor recibe un mejor precio y el Estado optimiza los recursos.

 

    Planificación articulada con la producción

 

En el Perú, las compras públicas muchas veces no dialogan con los ciclos agrícolas. Esto genera convocatorias desiertas o incumplimientos. Brasil, en cambio, articula la demanda pública con la planificación productiva local. En varios casos, los agricultores saben qué se les comprará incluso antes de sembrar. Esto reduce incertidumbre y mejora la oferta.

 

    Organización de productores como eje del sistema

 

Mientras en el Perú predomina la participación individual y fragmentada, Brasil ha apostado por fortalecer cooperativas y asociaciones. De hecho, el acceso a estos programas suele canalizarse a través de organizaciones, lo que permite asegurar volúmenes; mejorar calidad y facilitar logística.

 

    Logística e infraestructura: el eslabón olvidado

 

Uno de los mayores desafíos en el Perú sigue siendo la logística: transporte, acopio, almacenamiento. Brasil ha complementado sus políticas con inversiones y articulaciones territoriales que permiten que los productos efectivamente lleguen a destino. Sin logística, la compra pública se debilita.

 

Lecciones para el Perú: de la norma a la política pública

 

El Perú no parte de cero. Tiene una ley, un reglamento y un sistema en funcionamiento. Pero si se quiere que las compras públicas cumplan su verdadero rol, es necesario dar el siguiente paso. A partir de la experiencia brasileña, hay al menos cinco líneas de acción claras:

 

    Garantizar pagos oportunos y mecanismos de financiamiento. Sin esto, el sistema pierde credibilidad.

 

2.Planificar compras en función de campañas agrícolas. No se puede seguir comprando de espaldas al campo.

 

    Fortalecer organizaciones de productores. La asociatividad no es un complemento, es una condición.

    Invertir en logística rural. Centros de acopio, mejorar caminos; transporte y almacenamiento deben ser parte de la política.

    Integrar la compra pública a una estrategia agraria más amplia. Las compras no pueden operar aisladas.

 

Una decisión de política, no solo de gestión

 

Las compras públicas a la agricultura familiar no son simplemente un mecanismo de abastecimiento. Son una herramienta para construir un modelo de desarrollo más inclusivo. Brasil lo entendió hace más de dos décadas. El Perú tiene hoy la oportunidad de consolidar ese camino, aprendiendo de lo avanzado y corrigiendo lo necesario.

 

La pregunta ya no es si debemos comprar a la agricultura familiar. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer lo necesario para que esa decisión funcione en la práctica.

 

Referencias

 

    FAO (2019). Public food procurement from family farming: The Brazilian experience

    FNDE (2009). Lei da Alimentação Escolar (PNAE)

    IPC-IG (2013). Structured Demand and Smallholder Farmers in Brazil: The Case of PAA and PNAE

    Gobierno del Perú (2020). Ley N.° 31071 – Compras estatales de alimentos de la agricultura familiar

 

BioFuente: https://consorcioagroecologico.pe/opinion-agosto-2025/

 

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El monitoreo ciudadano de residuos de plaguicidas: una experiencia de incidencia política para promover el consumo de alimentos saludables. Luis Gomero Osorio

 

Los plaguicidas: un problema para la salud pública y el ambiente

 

Cada día, millones de personas consumen frutas y hortalizas sin saber si contienen residuos de plaguicidas. Estas sustancias, utilizadas ampliamente en la agricultura convencional para controlar plagas y enfermedades, forman parte del modelo productivo dominante en muchos países. Sin embargo, su uso intensivo también ha generado crecientes preocupaciones por sus efectos en la salud humana y en los ecosistemas.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que los plaguicidas constituyen una de las principales causas de intoxicaciones a nivel mundial, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Muchos de estos productos poseen una alta toxicidad y, en numerosos casos, se aplican sin las medidas de protección adecuadas.

 

La magnitud del problema también se refleja en el mercado global. Un análisis de una base de datos internacional de «productos fitosanitarios» mostró que más de un tercio (35.4 %) de los plaguicidas más vendidos en 2018 pertenecían a la categoría de «altamente peligrosos» (Dowler, 2020) debido a sus impactos en la salud humana, el ambiente y sobre orga- nismos fundamentales para los ecosistemas, como los polinizadores.

 

En el Perú, el uso de plaguicidas ha aumentado de manera sostenida. Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), las importaciones para uso agrícola pasaron de 10 553 toneladas en 2007 a 30 967 toneladas en 2021, casi triplicarse en poco más de una década. Desde 2012 superan las 15.000 toneladas anuales y desde 2017 sobrepasan las 22.000 toneladas por año (Observatorio Ceplan, 2020). Diversos análisis indican que los pequeños y medianos productores utilizan cerca del 80 % de estos plaguicidas, siendo también quienes enfrentan mayor exposición en el campo, muchas veces sin contar con equipos de protección adecuados.

 

Las consecuencias ya se reflejan en la salud pública. Según el Ministerio de Salud (Minsa), en 2023 el 80.2 % de los casos de intoxicación por plaguicidas se concentró en ocho departamentos: Lima, Junín, Arequipa, Cusco, Lambayeque, Apurímac, Amazonas y La Libertad. La tasa anual alcanza 3.4 casos por cada 100 000 habitantes (Minsa, 2023).

 

Además de las intoxicaciones agudas, existe preocupación por los efectos de la exposición prolongada. En el país se han registrado episodios graves, como el ocurrido en Taucamarca en 1999, cuando murieron 24 niños/as tras consumir un sustituto lácteo contaminado con el plaguicida parathion (Gomero Osorio et al., 2019).

 

Actualmente el foco también está en los posibles efectos crónicos. La OMS ha clasificado algunos plaguicidas, entre ellos el glifosato, como probablemente cancerígenos para los seres humanos. En esta línea, un estudio reciente publicado en la revista Nature Health (Honles et al., 2026) encontró una relación estrecha entre la exposición a plaguicidas y la aparición de ciertos tipos de cáncer en Perú. Entre 2019 y 2023, los casos de cáncer en el país aumentaron en 33.7 %, siendo el cáncer de estómago uno de los más frecuentes tanto en hombres como en mujeres.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que los plaguicidas constituyen una de las principales causas de intoxicaciones a nivel mundial

Frente a estos riesgos, el Perú cuenta con la Ley de Inocuidad de los Alimentos (Ley N.° 1062, 2008), que establece que los alimentos destinados al consumo humano deben estar sujetos a vigilancia sanitaria. La norma fija los límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas y otros contaminantes, cuya supervisión corresponde al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Esta entidad realiza monitoreos anuales; sin embargo, sus resultados no suelen difundirse ni se traducen en medidas de control más estrictas, especialmente para los productos destinados al consumo interno. En contraste, los alimentos orientados a la exportación están sujetos a controles más rigurosos. Pero ¿qué ocurre con los alimentos que se consumen en el mercado interno?

 

Frente a esta situación, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil —lideradas por el Consorcio Agroecológico Peruano (CAP) y con apoyo de Salud con Lupa— inició en abril de 2023 un monitoreo de residuos de plaguicidas promovido por las organizaciones de la sociedad civil en alimentos frescos, especialmente hortalizas. Las muestras fueron recolectadas en supermercados y mercados emblemáticos de diversas ciudades del país, siguiendo un protocolo transparente supervisado por un notario público. A su vez, el análisis fue realizado por Mérieux NutriSciences, laboratorio acreditado internacionalmente y reconocido por el Senasa, mediante un método multirresiduos, capaz de detectar hasta 600 tipos de plaguicidas en una sola muestra.

 

Resultados del monitoreo ciudadano

 

Hasta la actualidad, el CAP y sus aliados estratégicos han realizado cuatro monitoreos oficiales de productos frescos —principalmente hortalizas—: en abril de 2023, noviembre de 2023, septiembre de 2024 y mayo de 20251 ; además de cinco monitoreos complementarios en productos específicos como fresa, piña, durazno, espinaca y brócoli. Los resultados fueron preocupantes (ver tabla): en varios de los monitoreos realizados, más de la mitad de las muestras analizadas superó los LMR permitidos, lo que confirma la magnitud del problema. En algunos casos, los niveles detectados resultaron extremadamente altos, llegando a superar en más de 1000 % los límites permitidos, como ocurrió con la fresa y otros alimentos.

 

El problema no es solo la presencia de residuos, sino también el tipo de plaguicidas detectados. En varias muestras se identificaron plaguicidas altamente peligrosos e incluso prohibidos. Esta situación evidencia fallas en el cumplimiento del sistema regulatorio a lo largo de la cadena de comercialización y uso.

 

Por ejemplo, en muchos casos no se respeta el periodo de carencia; es decir, el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha. Este periodo es fundamental para evitar que queden residuos en los alimentos frescos que consumimos. Lamentablemente, esta práctica no se implementa porque las plagas son agresivas y dañan la buena apariencia del producto, que el consumidor valora.

 

Los resultados del monitoreo permitieron visibilizar un problema que afecta silenciosamente la salud de la población: el incumplimiento de las normas sobre uso de plaguicidas, la exposición tanto de consumidores como de aplicadores y la presencia de residuos de sustancias altamente peligrosas, algunas incluso prohibidas en otros países. Esta situación resulta alarmante y exige una respuesta de las autoridades competentes.

 

Las muestras fueron recolectadas en supermercados y mercados emblemáticos de diversas ciudades del país, siguiendo un protocolo transparente supervisado por un notario público. A su vez, el análisis fue realizado por Mérieux NutriSciences, laboratorio acreditado internacionalmente y reconocido por el Senasa

 

La iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil busca precisamente evidenciar estos riesgos y alertar sobre la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para garantizar la inocuidad de los alimentos.

 

Los resultados del monitoreo también sirvieron de base para desarrollar campañas públicas de información, mostrando los riesgos a los que se exponen los consumidores al ingerir alimentos con residuos de plaguicidas. Además, despertaron el interés de los medios de comunicación, que realizaron una amplia cobertura sobre la problemática en los cinco monitoreos realizados, información que se sigue difundiendo a través de diferentes medios y de las redes sociales.

 

De igual manera, el monitoreo generó discusión en redes sociales, alcanzando a millones de personas; y motivó la reacción de actores públicos como el Senasa y de ciertos supermercados, que comenzaron a tomar medidas para reducir estos riesgos en algunos de sus productos frescos.

 

En este contexto, el Senasa creó el sello de buenas prácticas agrícolas (aprobado mediante RD 042-2025-MIDAGRI- SENASA-DIAI), que establece condiciones para la comercialización de productos frescos

Principales logros del monitoreo ciudadano

 

La iniciativa de monitoreo ciudadano de residuos de plaguicidas impulsada por la sociedad civil ha removido el sistema alimentario, al menos en lo que respecta a los alimentos frescos para el consumo interno. Por primera vez se puso en evidencia que los productos comercializados, tanto en cadenas de supermercados como en mercados emblemáticos de las ciudades, no siempre garantizan la inocuidad para los consumidores.

 

La buena apariencia de frutas y hortalizas no significa necesariamente que estén libres de residuos de plaguicidas. Esta situación es aún más compleja en muchos mercados urbanos, donde no existe un sistema efectivo de vigilancia y control que garantice que los alimentos que llegan a las ciudades estén libres de estos contaminantes.

 

El monitoreo también generó efectos positivos. Ante el riesgo reputacional, varios supermercados empezaron a exigir a sus proveedores la aplicación de buenas prácticas agrícolas (BPA) y la presentación de certificaciones que respalden estas prácticas, un paso importante para mejorar la inocuidad de los alimentos.

 

Asimismo, la continuidad de esta iniciativa a lo largo de los años ha contribuido a un cambio de postura de la autoridad competente. Si al inicio el Senasa cuestionaba la metodología de muestreo, en el cuarto monitoreo se involucró directamente en el proceso de evaluación, validando el enfoque de la acción ciudadana y fortaleciendo su propia capacidad de monitoreo.

 

En este contexto, el Senasa creó el sello de buenas prácticas agrícolas (aprobado mediante RD 042-2025-MI- DAGRI-SENASA-DIAI), que establece condiciones para la comercialización de productos frescos. Esta medida se encuentra actualmente en proceso de implementación, al menos en el caso de los supermercados.

 

El esfuerzo ciudadano también contribuyó a que algunas moléculas altamente peligrosas fueran retiradas del mercado, como paraquat, carbofuran y clorpirifos. Este avance es importante, aunque aún persisten numerosos plaguicidas de alto riesgo para la salud y el ambiente, entre ellos methomil, oxamil, glifosato, mancozeb, imidacloprid, thiametoxam, clothianidin, fipronil y cipermetrina, cuya regulación depende de decisiones técnicas y políticas del Senasa, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA).

 

En conjunto, el monitoreo ciudadano de plaguicidas ha demostrado ser una herramienta eficaz no solo para alertar a los consumidores y promover cambios en actores públicos y privados, sino también para impulsar una mayor sensibilización sobre la calidad de los alimentos. Por ejemplo, se empiezan a percibir cambios en la noción de calidad, tradicionalmente asociada a la apariencia, incorporando cada vez más aspectos relacionados con su contenido y forma de producción.

 

En este contexto, se observa un incremento en la afluencia de consumidores a bioferias y biotiendas, lo que sugiere un interés creciente por opciones más saludables. Si bien aún no se cuenta con datos cuantitativos sistemáticos, estas tendencias apuntan a que la campaña estaría contribuyendo a una transformación incipiente del sistema alimentario, orientada hacia la producción y el consumo de alimentos más saludables.

 

No obstante, todavía queda mucho por avanzar: resulta necesario prohibir las moléculas más peligrosas, así como consolidar un sistema de trazabilidad que permita identificar el origen de los productos y reforzar la capacidad de monitoreo, fiscalización y sanción del Senasa frente al uso indiscriminado de plaguicidas. Solo así se podrá garantizar que los alimentos que llegan a la mesa de la población sean realmente saludables.

 

Luis Gomero Osorio

Presidente del Consorcio Agroecológico Peruano (CAP), coordinador de la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) y productor orgánico (Hecosan).

lgomero@raaa.org.pe

 

Referencias

Dowler, C. (2020). Revealed: The pesticide giants making millions on toxic and bee-harming chemicals. Unhearted. https://unearthed. greenpeace.org/2020/02/20/pesticides-croplife-hazardous- bayer-syngenta-health-bees/

Gomero Osorio, L., Murray, D., & Rosenthal, E. (2019). Corporate Impunity in Taucamarca: 19 Years On, Still No Justice. Business and Human Rights Journal, 4(2), 329-336.

Honles, J., Cerapio, J. P., Monge, C., Marchio, A., Ruiz, E., Fernández, R., Casavilca-Zambrano, S., Contreras-Mancilla, J., Vidaurre, T., Condom, T., Zerathe, S., Dangles, O., Deharo, É., Herrera-Zuñiga, J., Pineau, P., & Bertani, S. (2026). Mapping pesticde mixtures to cancer risk at the country scale scale with spatial exposomics. Nature Health. https://doi.org/10.1038/ s44360-026-00087-0

Ley N.° 1062, de Inocuidad de los Alimentos (Presidencia de la República [Perú], 2008).

Ministerio de Salud (Minsa). (2023). Sala de situación de salud. Vigilancia epidemiológica del riesgo de exposición e intoxicación por plaguicidas. Viceministerio de Salud Pública. https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2023/SE09/plaguicidas. pdf –

Observatorio Ceplan. (2020). Incremento de uso de agroquímicos. Presidencia del Consejo de Ministros. https://observatorio. ceplan.gob.pe/ficha/t59

Unidad Técnica de Enfermedades No Transmisibles (UTVENT). (2023). Sala situacional de cáncer en el Perú. Enero-Diciembre 2023. Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades. https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilan- cia/sala/2023/SE52/cancer.pdf

 

 

BioFuente: https://leisa-al.org/web/revista/la-agroecologia-como-proceso-un-paso-atras-dos-adelante/el-monitoreo-ciudadano-de-residuos-de-plaguicidas-una-experiencia-de-incidencia-politica-para-promover-el-consumo-de-alimentos-saludables/

 

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CALENDARIO AGROECOLOGICO 2026

 

Enero

* Miércoles 1 de enero: Año Nuevo. Feriado

Febrero

*  2 febrero, Día Internacional de Los Humedales

* 14 febrero, San Valentín Día de la Amistad

* mediados de febrero, BIO FACH 2021, Nuremberg, Alemania. La BioFach-Alemania, es la más antigua y principal feria internacional de productos ecológicos

Marzo

* 8 marzo, Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional

* 15 marzo, Día Mundial del Consumidor.

* 22 marzo, Día Mundial del Agua

* 24 marzo, Día de Creación del Grupo WIE Perú del IEEE

ABRIL

* 1 abril, Día Mundial de la Educación

* 7 abril, Día Mundial de la Salud

* 11 abril, Día del Niño

* 2 abril Jueves Santo. 3 abril viernes santo. Feriado

* 22 abril, Día Mundial de la Tierra

MAYO

* 1 de mayo: Día del Trabajo. Feriado

* domingo 10 mayo, Día de la Madre

* 22 mayo, Día Mundial de la Diversidad Biológica

* 27 mayo, Día del Idioma Nativo, el Quechua

* 30 mayo, Día Nacional de la Papa

* 31 mayo, Día del NO Fumador; Reflexión sobre los desastres naturales

JUNIO

* 5 junio, Día Mundial del Medio Ambiente

* domingo 21 junio, Día del Padre

* 21 junio, Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía

* 24 junio, Día del Campesino, Inti Raymi, feriado

* 29 de junio: San Pedro y San Pablo. Feriado

* 30 de Junio, día nacional de los granos andinos: quinua, kañiwa, kiwicha, tarwi.

JULIO

* 6 julio, Día del Maestro,

* 11 julio, Día Mundial de la Población

* 28 de julio: Fiestas Patrias. Feriado

* 29 de julio: Fiestas Patrias. Feriado

AGOSTO

* 6 agosto, Batalla de Junín

* 9 agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.

* 12 agosto, Día Internacional de la Juventud

* 19 de agosto (1989-2026) Trigésimo septimo (37) aniversario RAE Perú

* 22 agosto, Día Mundial del Folklore

* 30 de agosto: Santa Rosa de Lima. Feriado.

SETIEMBRE

* 1 setiembre, Día del Árbol

* 12 setiembre, (2015-2026) décimo primer aniversario de la Red de BioMercados del Perú

* 16 setiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

* 21 setiembre, Día Internacional de la Paz.

* 23 setiembre, Día de la Juventud y la Primavera.

OCTUBRE

* 8 de octubre: Combate Naval de Angamos. Feriado

* 15 octubre, Día Mundial de la Mujer Rural

* 16 octubre, Día Mundial de la Alimentación

* 19 octubre, (2007-2026) Décimo noveno aniversario de la Plataforma PERÚ País LIBRE DE TRANSGÉNICOS

* 29 octubre, (2004-2026) vigésimo segundo aniversario de la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético

NOVIEMBRE

* 1 de noviembre: Día de todos los Santos. Feriado

* 7 noviembre, (2002-2026) vigésimo cuarto aniversario del Comité de Consumidores Ecológicos

* 10 noviembre, Día del Libro

* 17 noviembre, (1998–2026) Aniversario 28 del Grupo EcoLógica Perú

* 20 noviembre, Día Universal de los Derechos del Niño

* 25 noviembre, Día Internacional de la NO Violencia contra la Mujer

* 29 noviembre, (1978-2026) el Centro IDEAS celebra su 48 aniversario

DICIEMBRE

* 1 diciembre, Día de la Prevención del SIDA

* 3 diciembre, Día Internacional del No Uso de Agroquímicos.

* 3 diciembre, Día nacional de la promoción de la Agricultura Ecológica.

* 6 diciembre, (1999-2026) Vigésimo septimo Aniversario de la BioFeria de Miraflores.

* 8 de diciembre: Inmaculada Concepción. Feriado

* 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho. Feriado

* 10 diciembre, Día de la Declaración de los Derechos Humanos

* 14 diciembre, día del Cooperativismo Peruano

* 25 de diciembre: Navidad. Feriado

* 1 de enero 2026, feriado

 

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BIOCOMPARTIENDO # 2 - 2026

¡Por una vida sana y feliz, libre de transgénicos cancerígenos!

 

Miércoles 27 de mayo del 2026

 

Editor: Fernando Alvarado de la Fuente

 

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