“En Chile se acaba de promulgar una ley que busca evitar la generación de Pasivos Ambientales Mineros (PAM), pues representan una amenaza para la salud o la seguridad física de las personas que habitan o circulan en sus alrededores. En Perú, la normativa existe hace años. Sin embargo, tal como lo demuestra esta investigación, contar con una ley puede ser apenas un pequeño primer paso. En Perú hay registrados 6.847 PAM, sin embargo existen solo 50 responsables identificados. En algunas localidades las comunidades afectadas han amenazado al Estado con hacer justicia con sus propias manos”.
Los mineros y extractores de petróleo se han quejado de las trabas para las inversiones y el Gobierno ha respondido con numerosas medidas para facilitar la inversiones, que llegarían a 11,000 millones de dólares y se ha calculado que estas incrementarían en 3 % el PBI nacional.
Sin embargo, se recomienda que se revise el cálculo del PBI, incluyendo el “costo oculto” de las inversiones, la contaminación de los ríos, de todo tamaño, incluyendo El Mantaro y que muchos pobladores consumimos en “aguas potables”.
En la siguiente página web se informa sobre la existencia de por lo menos 6847 pasivos ambientales dejados por la explotación de minas a través de los años. Nadie está en contra de la inversión minera, pero con buenos estudios de impacto ambiental y que las “inversiones” también incluyan lo que hay que hacer para que evitar la destrucción de recursos, la contaminación de las aguas y el daño a las poblaciones ubicadas en el área de los proyectos.
La promoción de las inversiones debe evaluar un “PBI real”. Un PBI elevado, sin considera las pérdidas que ocasionan las inversiones realizadas sólo para la extracción de los recursos mineros, hidrocarburos y forestales, sin inversiones que aseguren el buen manejo del ambiente y el bienestar de la población, al considerar “las pérdidas” podría resultar en un PBI negativo. Ganan los explotadores de los recursos y pierden los pobladores del país.
Si los inversionistas necesitan facilidades para invertir y el gobiernos quiere incentivar las inversiones, que lean este informe y comprendan por qué se ha generado tanta oposición a las inversiones extractivas. El Gobierno puede eliminar trabas burocráticas, pero debe asegurar que antes de las inversiones se tenga aprobado un buen estudio de impacto ambiental de cada inversión.
Lucho Paz
Lucho Paz
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