Los costos del desorden y la falta de prevención.

Editorial - La República

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia 250 localidades, entre distritos y provincias, de las regiones de Lima, Junín, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, afectadas por las heladas que se registran desde hace dos meses. Puno es una de las regiones que más daños soporta y donde al menos 114 mil 108 animales han muertos, entre alpacas y ovinos, y 50 mil personas han visto afectadas sus viviendas y propiedad. 

El Presidente y altos funcionarios del gobierno se han desplazado a las zonas más críticas y han dispuesto medidas. La emergencia no ha terminado; el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) considera la ocurrencia de muy intensas nevadas  hasta el 6 de setiembre y también se han suspendido las labores escolares en 43 provincias. Se constata con dolor que en Carabaya 13 mil niños sufren de oftalmia, la inflamación debido al reflejo de los rayos solares en la nieve y que 1.500 ancianos fueron diagnosticados con gripe y con posibilidades de adquirir neumonía. En el distrito de Pizacoma, de la provincia de Chucuito-Juli, 9 mil cabezas de alpacas fallecieron, el 20% de camélidos que se cría en la zona.

El Estado ha tardado en reaccionar y en ese sentido no ha sido posible alterar la conducta tradicional que establece un período largo, una ruta ineficaz, entre la alerta de un desastre natural y la atención de las víctimas y de los damnificados. En este caso, SENAMHI alertó desde julio la ocurrencia de este fenómeno, cuando se produjeron las primeras nevadas y se interrumpieron varios tramos de las carreteras del sur.

Las alertas provocaron solo un leve movimiento en el Estado; las consecuencias de esa falta de reacción se sienten ahora. El gobierno ha situado la prevención en un nivel elemental reduciendo esta, por confesión de los funcionarios,  a la vacunación focalizada, el reparto en julio de abrigo y de 200 mil raciones para los animales. Los argumentos oficiales impresionan por su facilismo; el ministro de Vivienda sostiene que la nevada es "inusual" y que los efectos negativos "fueron menores" a los registrados en años anteriores. Por su parte, la directora regional de Salud de Puno asevera que la preocupación fue llevar medicinas y prevenir las infecciones respiratorias, pero que "no pensaban" que la nieve iba a dañar los ojos de los niños.

Los elementos del retraso están a la vista, por ejemplo, la imposibilidad de contar con medios para ingresar a los pueblos más afectados, especialmente en los distritos  de Coasa, Ituata y Usicayos, en la provincia de Carabaya, y la falta de postas médicas equipadas y de casas protegidas y de cobertizos. A pesar de que decenas de años se experimenta este fenómeno natural, los agricultores y ganaderos no tienen un seguro alpaquero.

El país cuenta desde el 2011 con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), dotado de una organización que ha complicado las cosas. A pesar de las advertencias realizadas por especialistas y por la experiencia internacional, la Ley Nº 29664 y su Reglamento establecieron dos agencias, el Instituto de Defensa Civil y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). El primero ejecuta, facilita y supervisa la realización de la política y el segundo hace una función parecida, con ligeros matices, una confusión que está a la base del desorden y la desatención que ahora lamentamos.