CESAR ACUÑA Y PASTOR LAY CON CANDIDATOS CORRUPTOS EN LA REGION LIMA
Cada día se confirma la candidatura al Congreso Nacional de Javier Alvarado y Liliana Torres por el Partido de Alianza para el Progreso (APP), que sería una tragedia política regional y nacional en términos de decencia de uno los partidos que realmente tiene opciones claras para pasar a la segunda vuelta electoral el próximo 10 de abril 2016.
Tenemos informaciones de buena fuente que Cesar Acuña veto en su oportunidad la candidatura de Javier Alvarado y Liliana Torres, pero estos inculpados por la justicia por malversación y peculado recurrieron al Pastor Lay, que de decente y buen cristiano no tiene nada-- que por cupo le corresponde proponer candidatos al Congreso por ser parte de la alianza política de su partido Restauración Nacional con APP—el congresista Pastor Lay esté negociando y tratando de imponer la candidatura de dos candidatos con antecedentes de corrupción por más de una década en la región Lima.
Con esta propuesta el Congresista Humberto Lay del partido Restauración Nacional se pinta de cuerpo entero de político falso, de corrupto congresista y mal cristiano. El congresista Humberto Lay ha presidido por años la Comisión de Ética del Congreso Nacional, pero hoy comprobamos que de ética y de moral no tiene nada, por eso muchos congresistas con faltas éticas y delitos nunca recibieron sanción.
Este Congresista de Restauración Nacional y actual candidato a la Segunda Vicepresidencia de la Republica por APP: se mueve más por intereses personales y por influencias del poder económico: porque no hay otra explicación su pretensión de llevar en sus filas a dos inculpados como Javier Alvarado y Liliana Torres que tienen rabo de paja por saquear recursos del Estado por años en la región Lima.
Aceptar la candidatura de Javier Alvarado es traicionar la dignidad histórica de la región Lima. Javier Alvarado es una exautoridad que le ha hecho mucho daño al desarrollo de la región Lima. Quienes acepten la candidatura de Javier Alvarado son traidores de la ética y la dignidad de la región Lima.
El JNE y la ONPE deberían invalidar la candidatura de candidatos corruptos, como es el caso de Javier Alvarado y su secretaria Liliana Torres. El JNE tiene que actuar inmediatamente contra candidatos que no tienen su hoja de vida limpia y transparente. El Perú está lleno de prácticas de compra de candidaturas en cada campaña electoral.
Hasta ahora la corrupción electoral se mantiene intocable en el país. No es casual que la lucha contra este flagelo insuficientemente denunciado no figure en ninguno proyecto de reforma política, ya que la mayoría de los políticos les debe su mandato a este perverso sistema electoral de donaciones, regalos y compra de candidaturas.
En el Perú, estamos lleno de casos de compra de compra y venta de candidaturas, que es una práctica cotidiana por el bajo nivel de conciencia política de la mayoría de los ciudadanos, que pasan con facilidad a formar la cola de contenedores llenos de regalos generando graves distorsiones en los resultados de elecciones por la fragilidad de una democracia cuyo funcionamiento se ve así falseado desde la base.
La acción de la justicia electoral en el Perú es ineficaz y tardía: las eventuales y raras condenas no eran dictadas sino al cabo de largos años, cuando aquellos que habían sido elegidos comprando votos y saqueando los recursos del Estado estaban ya en su segundo o tercer mandato, como sucede con el inculpado Javier Alvarado, actual Presidente de la región Lima, que después de haber cometido delitos comprobados hace más de diez años en la Municipalidad de Lunahuaná siguió haciendo política y ejerciendo poder a vista y paciencia de la sociedad por una justicia tardía, pobre e ineficaz para sancionar con rapidez a los corruptos de cuello y corbata fina como utiliza el jefe la organización criminal para delinquir como ha sido tipificado por la Contraloría General de la Republica al sujeto Javier Alvarado González del Valle.
Debe existir una ley precisa, para que durante el período de campaña electoral, cualquier bien material, ventajas o dinero entregado por los candidatos con el objetivo de obtener el cargo, constituye no solamente un delito, sino una infracción electoral que da lugar a una punición administrativa, más rápida y más radical: la invalidación de las candidaturas, antes del día del escrutinio o al menos antes de la asunción del mandato. Los candidatos cuya corrupción electoral queda probada se ven así privados del derecho a participar en la elección en curso.
Nosotros esperamos que la militancia de APP y el Responsable Político por la región Lima el Ingeniero Marcial Palomino Milla tomen medidas para anular esta pretendida candidatura de dos escurridísimos políticos: que pretende llegar al Congreso Nacional para lograr su inmunidad y no ser juzgados por los graves delitos que han cometido en gobiernos locales en la provincia de Cañete y en el Gobierno Regional de Lima.
FELIZ AÑO 2016
……………………………………….
(*) Consultor Néstor Roque Solís
Huacho, 1 de enero 2016



             

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Fecha: lunes, 28 de diciembre de 2015, 06:04 pm

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